Inclusión magisterial

Samuel Cepeda Tovar.

Es cierto lo que se menciona en muchos y variados lugares: “La reforma educativa es una reforma laboral”, y es preciso aclararlo, es cierto, pero sólo hasta cierto punto. En la reforma original no venían modificaciones a los planes y programas académicos, pero si venía contemplada la evaluación de los docentes. La idea de crear un instituto nacional de evaluación para la educación es un fuerte pilar académico, pero también arrancarle la privatización de la educación a los sindicatos al quitarles privilegios como heredar las plazas y cobrar sin trabajar era necesario e imprescindible.

Y con todo el respeto que los docentes se merecen, pero el gobierno no tenía por qué consultarlos para intentar negociar la aplicación de exámenes de permanencia o simplemente para eliminar a tanto aviador que sólo existen para exprimir el erario público y que se amparaban en las dichosas “comisiones”.

Por el contrario, con la reciente presentación del Modelo Educativo 2016 el gobierno y las autoridades educativas han emplazado a docentes y expertos a mesas de análisis y propuestas para echar a andar este nuevo enfoque educativo, para preparar la puesta en marcha de la reforma educativa ahora si en pleno ejercicio académico, misma que piensa implementarse a partir del 2018.

Para aquellos que arremetían contra la reforma al considerarla no educativa, las circunstancias por fin han dejado ver que toda reforma de calado constitucional es progresiva y paulatina. Y ahora sí, es justamente aquí donde el gobierno debe escuchar las propuestas de los docentes a través de los consejos técnicos y de la sociedad en general mediante el portal que administrara el prestigiado CIDE.

Los planteamientos de este nuevo modelo educativo son acordes a nuestra realidad y son eminentemente académicos y van desde modifi- car contenidos curriculares que comprendan actividades que promuevan el desarrollo personal y social de alumnos, hasta aquellos que regulen las emociones y valores para la formación de ciudadanos en sana convivencia. Además, el modelo apunta sus objetivos hacia el pensa- miento crítico y reflexivo y el funcionamiento adecuado de escuelas.

Si estos objetivos no son académicos, no entiendo entonces qué es lo que los docentes disidentes entienden por una reforma educativa. A menos que para ellos reforma signifique perder privilegios como cobrar sin trabajar o privatizar la educación pública, entiendo su molestia y oposición a una iniciativa que más que apropiada y necesaria, es ya urgente en el anacrónico e inveterado sistema educativo que actualmente tenemos.

Los docentes ahora si serán tomados en cuenta, en donde debe ser: en la cuestión académica, ahora es tiempo de que aquellos que nos dedicamos a la educación confeccionemos las propuestas que desde nuestros contextos particulares sean pragmáticas y aporten a la construcción de la nueva sociedad que requerimos para enfrentar los retos de un mundo globalizado y altamente competitivo.

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